Fundamentos de Política: Poder, Legalidad y las Teorías del Contractualismo

¿Qué es la política?

La política se manifiesta en dos dimensiones principales:

  • Por una parte, está presente en toda relación social, ya que toda interacción implica una distribución del poder: quién decide, quién obedece, qué voces son escuchadas y cuáles se silencian. En este sentido, no hay espacio social neutro: un aula, una familia o incluso el contenido de una asignatura son realidades atravesadas por relaciones políticas. Elegir qué se enseña y qué se omite, qué conocimientos se legitiman y cuáles se excluyen, es también un acto político, porque responde a una lucha por el poder simbólico y cultural.
  • Por otra parte, la política es la actividad que nos conduce al poder, a conservarlo y utilizarlo para conseguir fines que son de interés general. Este es el sentido más habitual que le damos a la palabra para referirnos a las elecciones y a los políticos, es decir, a la acción de gobernar.

¿Qué significa legal y legítimo?

Legalidad y legitimidad no significan lo mismo.

Una norma o acción es legal cuando cumple con las leyes establecidas en un sistema jurídico; es decir, cuando se ajusta a lo que está escrito y aprobado formalmente.

En cambio, algo legítimo va más allá: significa que es justo o aceptado moralmente por la sociedad. Un poder puede ser legal (por haber sido obtenido conforme a la ley), pero no legítimo si no cuenta con el consentimiento o aprobación de los ciudadanos.

Por eso, en filosofía política se discute no solo qué leyes existen, sino también si esas leyes merecen obedecerse, si tienen justificación ética. La gran pregunta del contractualismo es precisamente esta: ¿cuándo es justo obedecer al Estado?

¿Qué es el poder?

El poder puede entenderse, en un sentido amplio, como la capacidad de influir, dirigir o condicionar la conducta de otras personas, tanto a través de normas explícitas como mediante estructuras sociales más invisibles.

El poder no es solo algo que tienen los gobiernos para hacer leyes o imponer sanciones. También es una red de relaciones que atraviesa toda la sociedad y que influye en cómo pensamos, actuamos y nos relacionamos. No siempre se impone por la fuerza: muchas veces actúa de forma más invisible, marcando lo que se considera normal, deseable o aceptable. Está presente en la escuela, en la familia, en los medios, en el lenguaje.

El poder no se limita a prohibir; también organiza, define y produce: define qué ideas se enseñan, qué comportamientos se valoran, qué cuerpos se respetan. Por eso, toda relación social —no solo la del gobierno con la ciudadanía— es también una relación de poder, aunque no siempre lo parezca.

¿Cómo se impone el poder?

El poder puede ejercerse de distintas formas:

  • La fuerza: cuando se coacciona o amenaza con sanciones a quienes no obedecen. Es el tipo de poder más evidente, como las multas o el uso de la violencia institucional.
  • La influencia: cuando se busca modelar las decisiones ajenas sin necesidad de imponer, apelando a creencias, emociones o valores. Los medios de comunicación, la publicidad o incluso el lenguaje cotidiano son formas de influencia con enorme poder. Aunque no siempre se ve como algo impuesto, esta forma de poder tiene un impacto profundo en cómo entendemos lo que es «normal» o «aceptable», influenciando nuestras percepciones y comportamientos de manera constante y, muchas veces, no consciente.
  • La autoridad: cuando el poder es reconocido como legítimo por quienes lo obedecen. Esta forma suele ser más estable, ya que no necesita imponerse constantemente. La autoridad puede estar presente no solo en instituciones como el gobierno o las organizaciones, sino también en estructuras sociales más informales, como la familia, la escuela o incluso en las relaciones laborales o entre amigos. La autoridad no solo establece normas, sino que también crea marcos dentro de los cuales las personas entienden y aceptan qué comportamientos son apropiados y deseables.

En muchos casos, el poder opera de forma tan naturalizada que no parece poder. Por eso, detectar quién lo ejerce, desde dónde y con qué consecuencias, es un acto profundamente político.

¿Qué es el contractualismo?

El contractualismo es una corriente de la filosofía política moderna que trata de legitimar el Estado a partir de una ficción teórica: el estado de naturaleza, una situación previa a la existencia de leyes y gobiernos.

Cada autor imagina cómo serían los seres humanos en ese estado original y, en función de esa visión, propone un contrato social como origen legítimo del poder político. Así, según cómo se entienda la naturaleza humana, se justificará un tipo de Estado u otro.

Hay tres autores principales: Hobbes, Locke y Rousseau.

El estado de naturaleza según Hobbes

Thomas Hobbes (1588–1679) escribe Leviatán en 1651, en pleno contexto de la guerra civil inglesa, donde el caos y el enfrentamiento entre el rey y el Parlamento generaban una profunda inseguridad.

Para Hobbes, en el estado de naturaleza los seres humanos son egoístas, competitivos y violentos. No hay leyes ni autoridades que garanticen la paz, y cada uno actúa por su propio interés, lo que convierte la vida en una lucha constante de todos contra todos: homo homini lupus (el hombre es un lobo para el hombre). De ahí que la vida natural sea «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».

El contrato social y el modelo de gobierno en Hobbes

Ante este miedo constante, los individuos ceden todos sus derechos a un soberano absoluto a cambio de seguridad. Este contrato da origen a un Estado absoluto, que concentra el poder para mantener el orden. Aunque el gobierno pueda parecer duro, para Hobbes es preferible al caos natural.

El estado de naturaleza según Locke

John Locke (1632–1704) escribe Dos tratados sobre el gobierno civil tras la Revolución Gloriosa de 1688, cuando se estableció una monarquía parlamentaria en Inglaterra. El contexto es de mayor estabilidad y de defensa de los derechos individuales frente al absolutismo.

Para Locke, el estado de naturaleza no es una guerra, sino un estado de relativa paz, en el que los individuos ya poseen derechos naturales inalienables: vida, libertad y propiedad. El problema es que no hay una autoridad que los proteja de forma imparcial, por lo que el riesgo de conflicto siempre está presente.

El contrato social y el modelo de gobierno en Locke

El contrato consiste en ceder únicamente el uso de la fuerza (venganza) al Estado, a cambio de garantías jurídicas y respeto a los derechos individuales. El modelo de Estado que propone es el liberalismo político, con división de poderes, Estado de derecho y sistema parlamentario. El pueblo conserva el derecho de rebelión si no se respetan sus derechos.

El estado de naturaleza según Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), autor de El contrato social (1762), parte de una visión muy distinta. Para él, en el estado de naturaleza el ser humano es bueno por naturaleza, compasivo y autosuficiente. Es la vida en sociedad —sobre todo la aparición de la propiedad privada y el lujo— lo que genera desigualdad, competencia y corrupción moral.

El contrato social y el modelo de gobierno en Rousseau

El contrato social propuesto por Rousseau no busca garantizar la propiedad ni mantener privilegios, sino construir una sociedad más justa. Consiste en que cada individuo renuncie a su interés particular para integrarse en una voluntad general que exprese el bien común. De ahí nace un modelo de democracia directa, donde la soberanía reside en el pueblo y las leyes se dictan colectivamente.

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