Fundamentos de Filosofía Política

1. Política y Sociedad

Los griegos consideraban que la vida humana podía alcanzar su plenitud mediante la relación con los demás, necesitando desarrollarnos como personas en sociedad para ser felices. De ahí que la filosofía y la ética se encuentren estrechamente unidas, pues ambas abordan la felicidad y el bienestar de las personas.

La ética analiza las condiciones de la felicidad individual, mientras que la política estudia cómo debe organizarse la sociedad para garantizar una buena vida para todos. De ahí que, por una parte, la sociedad podrá ser buena y justa si las personas que la conforman se comportan correctamente; pero, por otra parte, las personas serán buenas si la sociedad en la que viven está organizada de manera adecuada.

Los seres humanos, mediante el uso de la razón y ejerciendo nuestra libertad, somos capaces de organizar nuestra convivencia en sociedad, estableciendo normas sociales y jurídicas, y conformando las instituciones que ejercen el poder. Este vínculo forma el espacio público, en el que deben predominar también unas reglas éticas sobre las que reflexionar.

La filosofía política, a partir de la experiencia del ser humano en la vida en sociedad, reflexiona sobre la organización social y racional, y el buen manejo de los temas públicos. Su propósito es orientarnos para aprender a vivir en comunidad, permitiendo a cada persona plantear su manera de actuar ante los retos de la vida en sociedad.

La forma más primaria y básica de sociabilidad humana es la familia, creándose a partir de ella una red en forma de comunidad dirigida a la realización completa del ser humano. Por ello, en todas las sociedades humanas existe algún tipo de organización para distribuir las tareas y mantener el funcionamiento del grupo, que en el caso de las sociedades complejas se da mediante el desarrollo del poder político.

Este poder político es la capacidad de persuadir u obligar a los demás a actuar de una manera determinada a favor del bien colectivo, cuyo control permite que un individuo, grupo, etc., ordene al resto de la población lo que debe hacer. Por ello, para que este poder político sea eficaz es necesario que quienes deben obedecer acepten la validez de las órdenes y estén dispuestos a obedecerlas. De ahí que se pueda distinguir entre los conceptos de poder y autoridad: El poder puede imponerse mediante la fuerza a pesar de no ser reconocido como legítimo por la población, mientras que la autoridad no se puede imponer, sino que solo puede surgir de la aceptación y el reconocimiento de los demás.

1.1. El Desarrollo del Pensamiento Político

La Visión de la Antigüedad

Platón, a través de su pensamiento político, propone un modelo de sociedad ideal en el que cada persona pueda desarrollarse plenamente según sus características personales. En este diseño social, explicado en «La República», las personas se clasifican en tres grupos según el tipo de alma que predomine en cada una, dedicándose a la ocupación que mejor se adapte a sus características.

Platón describe cómo debería ser la sociedad ideal, cuyo pensamiento político es normativo, indicando cómo habría que organizar la convivencia para que fuese ideal.

La Separación entre Ética y Política en la Edad Moderna

Tras las grandes transformaciones europeas durante el Renacimiento, la filosofía consideró que la política constituye un ámbito independiente de la moral y la ética. Esta diferenciación permitió reflexionar sobre la sociedad de manera diferenciada y ajustada a la realidad. Con el paso del tiempo, esto dio lugar al desarrollo de la ciencia política, que explica cómo funcionan las sociedades humanas, siendo incapaz de diseñar la política para vivir en un mundo mejor, de lo que se ocupa la filosofía política.

Esta separación entre política y moral se ve claramente en «El Príncipe», de Nicolás Maquiavelo, quien plantea que la política debía ocuparse de cómo ejercer el poder con eficacia. Los gobernantes no debían ser buenos, sino poderosos, existiendo ocasiones en las que estos pueden verse obligados a actuar inmoralmente, estando justificado si esto les permite aumentar su poder.

Durante el Renacimiento, existieron filósofos que no aceptaron las ideas de Maquiavelo, sino que defendieron la necesidad de reformar la sociedad basándose en modelos ideales de organización política, destacando Tomás Moro, con su obra «Utopía».

En esta obra de Moro se describe una isla imaginaria llamada Utopía, donde la sociedad está organizada de forma igualitaria, garantizando la felicidad de todos. En ella, poseen todo lo que necesitan para vivir y no existe la propiedad privada, de tal manera que nadie desea apoderarse de los bienes ajenos. En el aspecto religioso, esta sociedad tolerante y respetuosa favorece la convivencia pacífica entre las personas con diferentes opiniones. A partir de entonces, se utilizó el término Utopía para describir un mundo inexistente en el que la sociedad está organizada de manera modélica e ideal.

Otras utopías que se basaron en la de Moro son: «La Nueva Atlántida» de Francis Bacon, o «La Ciudad del Sol», de Tommaso Campanella.

En estas obras se combina la denuncia de la forma de hacer política en su tiempo con la confianza en la razón humana para crear una nueva forma de organización política que pueda hacernos mejores y más felices.

La Desconfianza del Siglo XX

Aparece una forma alternativa a estas utopías de denunciar las decisiones de la sociedad: las Distopías, relatos fantásticos que describen la sociedad del futuro en la que el diseño político ha arrebatado la libertad y la dignidad de las personas, mostrando un escenario de pesadilla en el que podría llegar a convertirse nuestra convivencia. Nos aportan ideas valiosas para interpretar nuestro mundo y nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de ciertas prácticas sociales, políticas, etc., si se llevan al extremo.

2. Teorías sobre el Origen de la Comunidad Política

Teoría del Derecho Natural

Aristóteles defendió que el ser humano es un zoon politikon, es decir, un «animal social» por naturaleza, necesitando vivir en sociedad, ya que la sociabilidad forma parte de nuestra naturaleza humana desde que nacemos. Conviviendo alcanzaremos nuestro objetivo: la felicidad. De esta dimensión social del ser humano nace la necesidad de construir un Estado (polis) con un poder político cuya función sea atender las necesidades de los ciudadanos.

Tomás de Aquino sostuvo que si la sociabilidad es inherente al ser humano, también lo son la autoridad y el gobierno, pues sin ellos sería imposible organizar la comunidad política. Destacó que el fin último del ser humano posee un carácter trascendente, no debiéndose únicamente a la voluntad humana. Todos estamos sometidos a la ley de Dios, que se refleja en la ley natural. Si la ley positiva (que promulga la autoridad humana) se aleja de la natural (promulgada por Dios), no será entonces una ley verdadera, por lo que los súbditos no están obligados a obedecerla. La autoridad de los gobernantes viene de Dios a través del pueblo; en el caso de abusar del poder, se convierten en tiranos.

Para que sea legítima, cualquier forma de poder debe respetar el derecho natural y atender a los principios del orden social, existiendo la posibilidad de eliminar al tirano para que no se generen grandes problemas.

Teorías Contractualistas

Según estas teorías, el origen del poder político está en un contrato social o acuerdo entre los miembros de la comunidad política, cediendo sus derechos al Estado a cambio de que este garantice la paz y el orden. Su origen se encuentra en el pensamiento sofista, que defendía que la sociedad es una creación humana, inventada para facilitar nuestra vida en común.

Estas teorías tratan de imaginar cómo vivían los seres humanos antes de que existiera la sociedad, denominado «estado de naturaleza», intentando sobrevivir de forma aislada con las desventajas que esto conlleva. Por ello, al cabo del tiempo, los seres humanos deciden vivir juntos para mejorar su situación. Esto puede interpretarse como una hipótesis para ayudar a entender mejor cómo funciona la sociedad.

Thomas Hobbes fundamentó esta teoría mediante dos postulados:

1. Cada ser humano pretende disfrutar exclusivamente de todos los bienes. «El hombre es un lobo para el hombre», lo que lleva a un estado original del ser humano de guerra permanente de todos contra todos.
2. Toda persona posee una razón natural que la impulsa a huir de una muerte violenta.

El anhelo de los individuos les lleva a redactar un contrato por el que renuncian a su deseo de poseerlo todo, creándose el Estado civil, representado por un soberano que posee autoridad suprema, a cambio de que este acabe con la inseguridad del estado de naturaleza. Los demás miembros del Estado son sus súbditos, debiendo obedecer la voluntad del soberano, justificando con esta idea la monarquía absoluta (Hobbes). Sin embargo, la autoridad del soberano se basa en su capacidad de proporcionar seguridad a sus súbditos; en el caso de no ser capaz de imponer la paz social, sería justo que fuese eliminado y sustituido por otro gobernante más eficaz.

John Locke sostuvo que el estado de naturaleza no conlleva inevitablemente un estado de guerra, aunque existe el peligro de recurrir a la violencia. Por ello, se acuerda crear un Estado civil cuya finalidad consiste en proteger los derechos naturales de los ciudadanos. Estos derechos, válidos incluso en el estado de naturaleza, son: el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada.

Como en el estado de naturaleza estos derechos no eran siempre respetados, surge el Estado, teniendo como finalidad garantizarlos. Al mismo tiempo, los ciudadanos debían conservar el derecho a defenderse frente a los abusos del poder político. De ahí que Locke propuso la separación de poderes dentro del Estado y la separación Iglesia-Estado.

Jean-Jacques Rousseau no compartía con Hobbes la idea del estado de naturaleza. Según Rousseau, el ser humano en estado de naturaleza era bueno y feliz, y que el contrato social y el poder político obedecen a la necesidad natural de los seres humanos de asociarse con el fin de sobrevivir frente a aquello que amenaza su supervivencia. Sin embargo, la creación de la sociedad trajo la aparición de la propiedad privada, surgiendo la envidia, la codicia, etc.

Por ello, según Rousseau, es necesario refundar la sociedad, estableciendo un pacto social adecuado para que triunfe la justicia. Este contrato social debe servir para que el poder se guíe por el deseo de todos, persiguiendo el bien del pueblo, siendo el único soberano legítimo el pueblo, que debe tener la posibilidad de participar en los asuntos políticos. De ahí que los gobernantes sean solo personas encargadas de llevar a cabo la voluntad del pueblo. Por eso, si no cumplen con el mandato, pueden ser sustituidos por otros. De este modo, la teoría de Rousseau sirve para fundamentar la legitimidad de un sistema político democrático, en el que la soberanía esté en manos del pueblo.

Durante la Edad Contemporánea, John Rawls supuso un intento de renovación del contractualismo, manteniendo que la ley y el derecho deben surgir de unos principios básicos aceptados por todos, siendo su base la autonomía de la persona y la libertad de escoger nuestra vida sin menoscabar la libertad ajena. Tras llegar a un acuerdo y establecer unos principios comunes, se podrá alcanzar un régimen democrático.

Teorías Historicistas

Estas teorías consideran que tanto las sociedades como sus instituciones son fruto de un proceso que se rige por leyes. Esta evolución social nos conducirá a una sociedad perfecta en la que ningún ser humano dominará a otro, y donde no será necesario un poder político que imponga leyes a los ciudadanos.

Para Auguste Comte, la historia humana sigue una evolución inevitable a través de tres estados o etapas:

• El estado teológico: la humanidad busca entender el mundo a través de la religión y las creencias.
• El estado metafísico: las explicaciones pasan de lo divino a lo abstracto, buscando principios metafísicos que expliquen la realidad.
• El estado científico: la humanidad busca comprender la realidad a través de la observación, la experimentación y la razón, utilizando el método científico para descubrir leyes que explican los fenómenos. La historia, según Comte, se entiende como un progreso continuo hacia la comprensión científica del mundo. La organización social será perfecta cuando los científicos sean quienes gobiernen; no obstante, en la etapa final de esta evolución, la humanidad se dirigirá a sí misma sin gobiernos ni legisladores.

Karl Marx sostuvo que la historia es el resultado de la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas, dividida en etapas, cada una caracterizada por un modo de producción diferente, como: el esclavista, el feudal y el capitalista. El motor de la historia es la lucha de clases, que surge de las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Estas tensiones conducen a revoluciones, que hacen avanzar a la sociedad (hacia el socialismo). La etapa final es el comunismo, que consiste en eliminar toda relación de poder entre los individuos, donde el Estado y las clases sociales desaparecerán.

3. La Política como Ética Pública

Nuestra actual forma de organización social comenzó durante la Edad Moderna, debido a que el sistema feudal entró en crisis, formándose los Estados nacionales, que constituyen el marco político actual.

El Estado es una institución que ejerce la soberanía, cuyo poder es ejercido de manera legítima cuando quienes están sometidos a su influencia reconocen su autoridad. El Estado ejerce sus funciones dentro de un marco geográfico delimitado, extendiéndose su influencia entre la población.

Según Max Weber, el Estado se caracteriza por ser la única institución que dentro de un determinado territorio puede utilizar la violencia de manera legítima, siendo fundamental reflexionar sobre la ética que debe estar presente en la dimensión política.

La acción política es, por tanto, una acción moral que debe atender a las reglas éticas. Cuando esto no ocurre, los problemas sociales aumentan. Se diferencia entre ética política, que es el desarrollo de la ética de la persona, y ética pública, que se ocupa de las relaciones entre personas e instituciones para facilitar la convivencia en sociedad y la convivencia de los pueblos a nivel mundial, en la que conviven diferentes culturas en una misma sociedad (sociedad pluralista), teniendo gran importancia actualmente. La filosofía política se ocupa de la ética pública y, por tanto, los valores o virtudes fundamentales de la ética pública son:

• Solidaridad: Se basa en ayudar a quienes más lo necesitan, poniendo a su disposición los bienes propios, lo que supone un indicador del nivel ético de una sociedad.
• Responsabilidad Pública: Es una consecuencia del principio democrático del control del poder por parte de los ciudadanos: quien posee un cargo público responde de las decisiones que tome en el desarrollo de ese cargo, tanto para bien como para mal.
• Justicia: En esta se han diferenciado cuatro virtudes cardinales: templanza (asociada a la historia de bronce), fortaleza (asociada a la historia de plata), prudencia y justicia (asociadas a la historia de oro), teniendo como finalidad el equilibrio de la vida en sociedad.

3.1. La Justicia y la Paz Social

La justicia está integrada por tres rasgos: vivir honestamente, no perjudicar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, siendo lo primero reconocer que todos los seres humanos tienen la misma dignidad.

Puesto que la virtud de la justicia organiza las relaciones sociales, cabe distinguir tres tipos de justicia:

• Conmutativa: Se centra en el intercambio justo entre personas, recibiendo cada individuo lo que corresponde según su aportación, respetando la igualdad y la justicia en las relaciones.
• Distributiva: Se refiere a cómo se distribuyen los recursos y oportunidades en una sociedad, asegurando que cada persona reciba lo que se merece o necesita según su posición y contribución.
• Legal: Se refiere a la aplicación de las leyes para resolver conflictos y proteger los derechos de los individuos. La justicia legal plantea que la contribución de la ciudadanía al Estado, como miembros de una comunidad, debe contribuir al bien común, al igual que la contribución del Estado al tener que dirigir sus leyes al bien común.

La autoridad política debe establecer un orden social que permita una convivencia pacífica, basada en la seguridad y la paz social, con la finalidad de alcanzar el bien común. Es imprescindible la justicia para conseguir una paz más duradera, siendo la injusticia una forma de violencia.

La libertad es un derecho fundamental e inviolable y una condición fundamental para el desarrollo personal. Por esto, el Estado ha de exigir y facilitar condiciones sociales y políticas necesarias para este desarrollo personal, así como los ciudadanos deben respetar el ejercicio de la libertad del resto de los miembros de la sociedad. El poder político deberá intervenir cuando se obstaculice la libertad de la ciudadanía, aunque por otro lado, el poder político no puede exigir a la ciudadanía el cumplimiento de las normas éticas. Si las leyes civiles sancionan toda culpa moral, la libertad personal se reduciría, dándose situaciones de injusticia propias de Estados totalitarios.

La elaboración del bien común es una tarea esencial de las personas como miembros de la sociedad, siendo el bien común un deber y un derecho irrenunciable de los individuos. El bien individual ha de ceder ante las exigencias del bien común, pues como individuo que forma parte de una sociedad, debe aceptar que su bien se subordine al bien común, aunque en ocasiones ese bien personal va más allá del bien común.

3.3. La Sociedad Civil

La importancia del Estado en la organización política del mundo moderno no debe hacernos olvidar el importante papel que desempeñan los individuos en la sociedad. La sociedad civil es el conjunto de personas y grupos que, con su labor, contribuyen a mejorar la convivencia social sin depender del Estado. Está asociada a intereses económicos, transmisión de valores, etc., e incluye diferentes organizaciones como asociaciones vecinales, ONG, etc.

Esta sociedad civil promueve el bien común a través de la defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos, la igualdad de género, el impulso del pluralismo ideológico, político y religioso, o la protección del medio ambiente.

En un Estado democrático, el Estado debe actuar apoyando a la sociedad civil, ya que tanto la persona como la sociedad civil carecen de recursos para satisfacer las necesidades humanas; por ello, el poder político ha de cubrirlas, permitiendo que las personas puedan acceder a los bienes que necesitan para desenvolverse en la vida. Por otro lado, el Estado tiene que abstenerse de interferir en todo lo que elimine la participación y la iniciativa de la sociedad civil, interviniendo solo en aspectos en los que la sociedad civil sea insuficiente.

4. Los Derechos Humanos

El concepto de justicia (virtud que nos inclina a dar a cada uno lo suyo, a reconocer a cada cual su derecho) está estrechamente relacionado con el concepto de derecho (capacidad para reclamar lo que les corresponde, conjunto de leyes que establecen cómo comportarse). Se pueden diferenciar entre derecho natural y derecho positivo:

• Derecho natural: Normas que provienen de la naturaleza humana y no tienen por qué estar escritas. Se trata de normas universales referidas a aspectos importantes de la vida (ej. la vida), sirviendo de base para el derecho positivo.
• Derecho positivo: Normas y leyes fruto del acuerdo humano, escritas y publicadas por la autoridad competente. Se distingue entre:
  • Derecho privado o derecho civil: Se ocupa de las relaciones entre personas particulares.
  • Derecho público: Se centra en las relaciones entre el Estado y los particulares.

La teoría o ley del derecho natural afirma que todo ser humano es persona y, por el hecho de serlo, tiene derechos y deberes que surgen de su propia naturaleza, siendo, por ello, universales, inviolables e irrenunciables. De ahí que esta teoría sea fundamental en la medida que permite declarar si una ley civil es justa o no.

Los derechos humanos (DDHH) o derechos fundamentales son derechos naturales basados en la dignidad y en la naturaleza social del ser humano, que provienen de la ley natural. Se trata de un tipo de derechos que todo ser humano posee simplemente por el hecho de ser persona, independientemente de que se les reconozcan, que afectan a los aspectos más íntimos de la persona, y el poder político debe respetarlos y garantizarlos.

Estas son las características de los derechos humanos:

• Inherentes: Son derechos que se poseen por el simple hecho de ser humano, no siendo otorgados por ningún Estado.
• Inalienables e inviolables: No podemos cederlos ni renunciar a ellos, ni tampoco pueden sernos arrebatados, al formar parte de nuestra persona de un modo inseparable.
• Imprescriptibles: No pueden perderse con el tiempo, ya que no desaparecen ni caducan.
• Universales: Disfrutan de ellos todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión, etc.

Al proceder del derecho natural, el Estado no crea los derechos humanos, sino que se limita a declarar su existencia. Para conseguirla ha sido necesaria una lucha en defensa de la dignidad humana contra los abusos y la intolerancia. El reconocimiento de estos derechos se produjo en 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los recogió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, este documento se ha convertido en la norma básica de referencia para que así todos podamos conocer y ejercer nuestros derechos.

Por tanto, se pueden diferenciar tres generaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta el momento histórico en que se han reunido en una ley de derecho positivo:

• Derechos de primera generación: Se encuentran en la Declaración de Derechos de Virginia (1776) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789). Se subdividen en:
  • Derechos civiles: Protegen los valores de la libertad, la propiedad, la seguridad y la igualdad ante la ley.
  • Derechos políticos: Garantizan la participación de la ciudadanía en la vida pública.
• Derechos de segunda generación: Reconocidos por la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Se subdividen en:
  • Derechos económicos y sociales: Surgieron de las reivindicaciones de los movimientos obreros del siglo XIX, desarrollando el valor de la igualdad material y la justicia social.
  • Derechos culturales: Establecen una legislación social propia del Estado del bienestar en Europa.
• Derechos de tercera generación o derechos globales: Tratados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), realzan el valor de la solidaridad humana y configuran el contenido de la ciudadanía global.

La promoción y protección de los derechos humanos son fundamentales para construir una sociedad justa y pacífica, donde las personas puedan vivir con dignidad e igualdad. Sin embargo, los Estados no están obligados por ley a que se cumplan los DDHH dentro de sus fronteras, existiendo lugares en los que estos no siempre son respetados, sucediendo sobre todo en los países que no tienen democracia.

Para combatir esta situación se han creado organizaciones internacionales encargadas de defender los DDHH y de ayudar a la población en situaciones difíciles, dependiendo muchas de ellas de la ONU, aunque también existen ONG que intentan mejorar la situación de los DDHH en el mundo.

Por otra parte, existen diferentes órganos de defensa y protección de los DDHH. En nuestro país, están protegidos por la Constitución y amparados por ley ante cualquier violación de estos. Cuando sea necesario acudir a instancias superiores, se puede recurrir al Tribunal Europeo de DDHH. A nivel mundial existe una Corte Penal Internacional para denunciar las violaciones más graves de los DDHH, aunque no todos los Estados recurren a ella.